No torturéis más a los ciudadanos con vuestros escritos

Juan Carlos Blanco

Por razones personales, vivo muy de cerca la realidad de profesionales que se asoman con frecuencia por los boletines oficiales del Estado y por los de las comunidades autónomas en busca de información que luego tienen que trasladar a sus clientes. Y cuando digo que vivo muy de cerca su realidad lo que quiero decir es que vivo muy de cerca sus frustraciones y sus angustias cuando se tienen que enfrentar a textos legales terriblemente mal escritos que adoptan la forma de jeroglíficos tortuosos que, incluso, son capaces de dar a entender una cosa y su contraria.

Puro disparate, sobre todo cuando el que se tiene que enfrentar a esos textos es un ciudadano cualquiera que no tiene la experiencia para interpretar entre líneas qué demonios habrá querido decir el que ha redactado un decreto sobre unos ERTE, unas ayudas para pymes o, qué se yo, una sentencia sobre una expropiación.

Ya sé que para eso están los profesionales, pero no hablo de eso, sino de la necesidad cada vez más urgente de que se emplee un lenguaje claro en la relación entre la Administración y los ciudadanos si no queremos mantener una indefensión injustificable.

Respeto mucho la labor de los legisladores, de los empleados públicos y de quienes tienen la responsabilidad de trasladar al papel sus planteamientos, pero creo que es necesario decirlo: por favor, dejen ya de torturar a los ciudadanos con textos confusos, obtusos y alambicados que no hay quien entienda.

Puedo entender que se quiera escribir con propiedad y rigor, pero la solvencia técnica de un texto jamás debe estar reñida ni con la claridad expositiva ni con la precisión en el lenguaje. Y menos aún, en tiempos como los que vivimos, donde hay tantas familias desesperadas a la espera de recibir una comunicación oficial tras el derrumbe económico consecuencia de la pandemia.

El derecho a un lenguaje claro

Esto no es ruego, sino el recordatorio de un derecho; el que tienen los ciudadanos a recibir comunicaciones claras, precisas y sencillas que les aporten seguridad jurídica y les permitan sentirse bien tratados por la Administración pública que sufraga con sus impuestos.

Un señor o señora que se enfrenta a un texto legal tiene el derecho a entenderlo y el derecho a saber qué ha querido decir el que lo ha redactado. Y si no lo logra, la responsabilidad no es suya sino de la que quien, seguramente sin mala intención, le falta el respeto con una redacción enrevesada y farragosa cuya comprensión se hace imposible.

Escribir bien es escribir sencillo. Habrá quien sostenga que lo suyo es un ejemplo de erudición sofisticada y que no tienen por qué escribir para que les entiendan los plebeyos. Se equivocan. No están en sus puestos para servirse de los demás sino para servir a los demás. Y con textos tan ridículamente confusos, están muy lejos de cumplir con su tarea.